Tras una declaración realizada por una importante autoridad médica china afirmando que la extracción ilegal de órganos humanos todavía puede darse en China, el grupo Médicos Contra la Sustracción Forzada de Órganos (DAFOH) pide a las organizaciones mundiales de la salud y a la comunidad internacional que actúen.
WASHINGTON, 14 de febrero de 2017 /PRNewswire-USNewswire/ — Durante la última semana, las autoridades chinas presentes en la Cumbre sobre Tráfico de órganos y Turismo de trasplante de la Pontificia Academia de las Ciencias del Vaticano (PAC) sorprendieron a los asistentes con aquello que muchos percibieron como una defensa con poco fundamento de las reformas en trasplante de órganos y con una declaración inesperada afirmando que la extirpación forzada de órganos continúa sin cesar en China, a pesar de las declaraciones oficiales manifestando lo contrario. Mientras solo unos pocos participantes en la cumbre manifestaron abiertamente la admitida violación de la ética, la mayoría del grupo no objetó a los representantes de China.
Los funcionarios chinos no ofrecieron ninguna evidencia para negar las afirmaciones de que presos, en particular presos de conciencia practicantes de Falun Gong, de la minoría uigur, tibetanos y cristianos son objeto de extracción forzada de órganos. Al mismo tiempo que las autoridades médicas de China aseguraban que “no se permite” quitar a la fuerza los órganos a prisioneros desde enero de 2015, no han probado sus afirmaciones facilitando cualquier tipo de legislación o directivas del Partido que lo prohibieran. Las normativas de 1984 que permiten la extracción de órganos a prisioneros ejecutados todavía no han sido derogadas. Parece que el gobierno chino quiere mantener su postura de dos maneras: por un lado con el respaldo de la comunidad internacional a sus promesas vacías de poner fin a la extracción de órganos carente de ética a presos, y por otro manteniendo legalmente una puerta abierta para un suministro continuo de esos mismos órganos extraídos ilegalmente.
Durante una entrevista con periodistas, Huang Jiefu dijo que en China hay “tolerancia cero” con la extirpación forzada de órganos. “China es un país grande, con 1.300 millones de habitantes, así que estoy seguro, definitivamente, de que hay alguna violación de la ley,” dijo Huang. DAFOH recalca que los presos están bajo vigilancia del Estado y del ejército, que gestiona centros de trasplante, de modo que la extracción de órganos a presos -en contraste con las prácticas del mercado negro- se da con el conocimiento del Estado. Los presos de conciencia practicantes de Falun Gong has testificado que, a pesar de ser torturados y desatendidos médicamente durante su detención, fueron forzados a someterse a intensos exámenes médicos y análisis de sangre, y que los guardias de prisión les amenazaron con extirparles sus órganos. Dada la magnitud de estos crímenes y la explotación sistemática durante décadas, no se puede quitar hierro por un chivo expiatorio. La responsabilidad por estos crímenes contra la humanidad recae en el gobierno chino.
La declaración de la PAC incluye una recomendación donde se reconoce “el uso de órganos de prisioneros ejecutados, el pago a donantes o a familiares de donantes cadavéricos, como crímenes que deben ser condenados a nivel mundial y legalmente a nivel nacional e internacional.” En respuesta, DAFOH señala que el actual sistema de donación en China se fundamenta principalmente en incentivos económicos a las familias cuyos parientes han fallecido. Las familias pobres ante los gastos hospitalarios son altamente susceptibles de aceptar dinero por los órganos de su familiar fallecido. Este hecho que pervive en el sistema de trasplante de China supone todavía una falta de ética.
El Dr. Torsten Trey, director ejecutivo de DAFOH declaró, “Dada la severidad de los crímenes alegados y los recientes estudios que sugieren que entre 100.000 y 1 millón de presos de conciencia han sido asesinados por sus órganos en los últimos 17 años, las peticiones de transparencia e investigaciones in situ están más que justificadas. La responsabilidad de pasar la prueba recae en las autoridades chinas para probar lo contrario.”
DAFOH está pidiendo urgentemente a las comunidades internacionales médicas y de derechos humanos que actúen ahora y rechacen este último intento de lavado de imagen de la práctica de extirpación forzada de órganos y soliciten que se requiera a China las siguientes medidas:
- Que China se comprometa a una fase inicial, temporal, de escrutinio independiente para permitir la verificación de las reformas anunciadas. Ésta debe incluir inspecciones sin previo aviso de las instalaciones para el trasplante y de los hospitales militares, entrevistas con familiares de donantes moderadas por expertos independientes en trasplante y en legislación y por investigadores bajo el auspicio de la Organización Mundial de la Salud.
- Que China responda de modo claro, transparente y verificable sobre los detalles de la ley que supuestamente puso fin a la extirpación forzada de órganos el 1 de enero de 2015, y cómo esta política se implanta y supervisa. El gobierno debe también proveer pruebas de la derogación de las normativas de 1984 que permiten la extracción de órganos a prisioneros ejecutados.
- Que China establezca un registro accesible de donantes de órganos y datos anuales de trasplante, incluyendo información sobre los números anuales de trasplante por hospital para cumplir con los mismos requisitos usados en los EE.UU., el Reino Unido, Australia y Europa.
La tarea de integrar a una nación médicamente desarrollada como China en la comunidad médica internacional es encomiable. Sin embargo, dejar a China libre de responsabilidad por crímenes contra la humanidad pasados y vigentes y permitir a China unirse a la comunidad del trasplante sin compromiso de trasparencia e investigación de los hechos es inaceptable. El deseo de integrar no debe ignorar cientos de miles de víctimas y a sus familias que han sufrido viendo perder la esperanza y la vida de sus parientes en nombre de un sistema brutal de trasplante. Toda la comunidad internacional debe tener en consideración a las víctimas, comprender los pasados abusos en trasplante, y llevar a cabo sinceros esfuerzos para armonizar el sistema de trasplante de China con la actual ley y ética internacional. Proteger los derechos e intereses de personas vulnerables es un requisito moral fundamental para la inclusión de cualquier nación en la comunidad científica y del trasplante internacional y no debe ser ignorado.
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